El Gobierno nacional oficializó la transferencia al Banco Nación para efectivizar el pago, a través de bonos del Tesoro, de los 2,95% en materia de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Lo hizo a través de la decisión administrativa 2022-1282, publicada en el Boletín Oficial, en la que establece el depósito de $ 98.500 millones en bonos TX31.

En la misma línea, informó la instrucción del presidente Alberto Fernández al Ministerio de Economía para que presente un proyecto de ley en el Congreso que prevea en el presupuesto la atención de la medida, y al procurador del Tesoro, Carlos Zanini, para que impulse un recurso de revocatoria de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Si bien la decisión presidencial descolocó a varios gobernadores, que mantenían el discurso en base al documento que sostenía que el pago a CABA era de imposible cumplimiento, en las últimas horas varios de ellos consideraron que el conflicto de poderes no contribuía a regenerar la institucionalidad y la confianza, sino todo lo contrario. 

Asimismo, al momento de difundir el texto en el que el oficialismo objetó el fallo del máximo tribunal, no se midieron las consecuencias macroeconómicas de tal decisión. De hecho, una primera reacción se ha observado en el mercado con la disparada del dólar “blue” a $ 346 en momentos de alta demanda, y con el resto de las variantes de cotización por encima de los $ 300 por unidad.

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De allí que varias cámaras empresariales demandaron a la Casa Rosada el cumplimiento del fallo de la Corte, porque no contribuye a que la Argentina sea creíble y daña la seguridad jurídica en momentos en que el Estado está buscando la manera de conseguir más dólares para robustecer las reservas del Banco Central. 

“La entrega del bono ha exteriorizado que el Gobierno nacional tiene voluntad de pago y, por lo tanto, no se puede mencionar que haya desacato al fallo o cualquier otro tipo de incumplimiento”, comentó a LA GACETA un funcionario cercano al gobernador interino Osvaldo Jaldo.

El TX31 es un Bono del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 2,5% con vencimiento al 30 de noviembre que fue emitido, en un principio, en mayo pasado, con el fin de saldar una deuda con Santa Fe. “Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la Corte Suprema de Justicia para atender la deuda del Estado Nacional  con Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, escribió el Presidente en su cuenta en Twitter.

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Dentro del gabinete nacional hubo dos jugadores que no llegaron a participar de la redacción del duro documento en el que el mandatario nacional y los gobernadores peronistas fijaron su posición respecto del caso CABA. El ministro de Economía, Sergio Massa, es uno de ellos. Su opinión fue decisiva a la hora de cambiar el rumbo de la disputa interpoderes, ya que adujo que sostener una decisión contraria a lo emanado de la Justicia podría dañar las relaciones con los organismos internacionales, particularmente con el FMI. 

“No es un buen mensaje en momentos en que estamos siendo examinados por el Fondo”, se deslizó en el Palacio de Hacienda. El otro funcionario que en estos días cobrará protagonismo es el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, que está retornando de su gira por Israel. El gobernador de Tucumán en uso de licencia ya se habría puesto en contacto con varios mandatarios provinciales, con el fin de analizar la estrategia política que se seguirá a partir de este nuevo escenario.

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En general, los gobernadores están conformes con el anuncio presidencial de pagarle al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con un bono a mediano plazo. El razonamiento generalizado es que no se toca la caja y, por lo tanto, no se prevé ajustes en el corto y el mediano plazo en las partidas presupuestarias. 

Sí es probable que haya una readecuación antes del cierre del ejercicio, estimaron. De esta manera, los gobernadores creen que tal decisión financiera no impactará en los planes de obras públicas previstos en el Presupuesto Nacional 2023 y, por lo tanto, no dañará la liquidez financiera para avanzar con esos trabajos, más aún en la previa de un año electoral.

El final, sin embargo, sigue abierto, porque Rodríguez Larreta no acepta los bonos. En los próximos días se sucederán los encuentros del oficialismo no sólo en Buenos Aires. Ninguno de los mandatarios justicialistas está dispuesto a ceder terreno, mucho más tratándose de la coparticipación federal de impuestos que, en la mayoría de los casos, representa más del 70% del total de recursos que se dispone para administrar cada distrito del interior.